Sistema Anti - Ilegalidades

En un país en donde El Gobierno es un agente que continuamente viola las leyes y códigos es necesario un sistema ciudadano de denuncia y monitoreo de la legalidad. Sin duda, en México ha habido avances hacia la legalidad, pero aun queda un largo trecho por recorrer. Ahora cuando menos hay un número telefónico para denunciar actos ilegales. Sin embargo actualmente resulta imposible para un ciudadano común identificar actos de la instituciones ilegales. Sobre todo porque entender las leyes y los procedimientos administrativos de cada institución en cada área del gobierno es muy complicado y se requiere de la participación de expertos en cada tema. Por ejemplo, no sabemos que tan ilegal es la autorización de las siembras de maíz transgénico en programa que se dieron en las pasadas semanas, ni cuales artículos viola y menos aún si hay alguna manera de sancionar a las autoridades que cometieron dichos actos.

En este contexto, sería muy útil contar con una sistema ciudadano en donde se reunan todas las leyes y códigos de México a través de una sistema de consulta amigable y un sistema de ayuda para que cualquier pueda entender la legislación en un tema particular. Imagino el sistema con tres componentes básicos, 1) una base de datos con todas la leyes y códigos, en la que se pueda hace búsquedas de diferente tipo. 2) un sistema de búsqueda de delitos y las respectivas ligas a los artículos en los códigos y en las leyes respectivas y por último una guía esquemática de los procedimientos administrativos vigentes y las respectivas ligas a los artículos de los códigos, leyes y normas correspondientes.

Una buena noticia es que ya hay avance en la digitalización de las leyes y códigos. todos estos documentos pueden ser consultados en la pagina web de Orden Jurídico Nacional. Pero aún faltan las otras partes. Este sistema de acceso publico sin duda ayudaría a mejorar tanto la justicia en general como la administración pública por que los ciudadanos interesados podrían denunciar con todos los argumentos jurídicos actos ilegales. Además, permitiría a los ciudadanos contar con herramientas para defenderse. Así sería más difícil que los gobernantes hagan caso omiso de las leyes cuando desean obtener algún beneficio particular o de grupo. Ojalá pronto a alguien en el sistema jurídico, o a algún senador, diputado u ONG haga algo en este sentido, por supuesto yo estaría dispuesto a colaborar en el diseño.

Apertura total a la información gubernamental

En un estado democrático, gobernado para el bien del pueblo, no debe existir el secreto de ningún tipo, ni en ningún asunto ya sea de política interna o exterior. La existencia de los secretos de estado se fundamenta en la protección de los ciudadanos. Sin embargo, en la práctica, el secreto siempre implica esconder información para proteger a un sector o grupo de la sociedad en perjuicio de otro sector o grupo. Lo cual es una contradicción bajo la premisa de que el gobierno debe decidir por el bien de la mayoría sin privilegiar a ciertos grupos.

La premisa fundamental es que el gobierno y todas las entidades de la administración pública velan por el interés general de la sociedad, la nación, o el pueblo (el sustantivo depende del contexto filosófico que se use). Entonces toda la información manejada por esas entidades debe ser del dominio público, sobre todo los planes y la toma de decisiones ejecutivas deben ser difundidas en tiempo real. Sólo así los ciudadanos podrían pasar de ser sujetos pasivos a sujetos activos en un régimen democrático. La única información que debe ser protegida y clasificada es la información personal de todos los ciudadanos sean funcionarios públicos o no. Tanto el derecho a la identidad como el derecho a la privacidad debería estar consagrados como derechos fundamentales de los individuos y estos deberían estar protegidos contra cualquier entidad, así sea el gobierno.

Actualmente existe la tecnología para informar y mantener canales de comunicación directa entre el gobierno y el ciudadano. Aunque parece imposible en este momento colocar una cámara web conectada a Internet en cada una de las oficinas y salas de reuniones de los representantes del poder ejecutivo de todos los niveles, esta sería una herramienta básica para controlar a los representantes elegidos democráticamente y someterlos a la voluntad del pueblo. Esta debería ser una demanda de una sociedad participativa y activa. Así mismo, el conocimiento de las finanzas públicas debería ser un derecho ciudadano y una obligación para toda entidad administrativa pública. En un régimen que se precie de ser democrático cada ciudadano debería tener acceso a los estados de cuenta en tiempo real de todas la dependencias oficiales. El dinero que maneja el gobierno es el dinero de todos los ciudadanos, y deberíamos tener derecho a saber que está ocurriendo con nuestro dinero cada vez que nos plazca, como hacemos con nuestras cuentas de banco.

Ojala y algún político de vanguardia, pero de verdadera vanguardia, se le ocurra proponer algo por el estilo. Permitir que el ojo ciudadano siga de cerca las acciones y la toma de decisiones de nuestro representantes ayudaría en gran medida a que verdaderamente no se haga nada en contra del pueblo.