En un estado democrático, gobernado para el bien del pueblo, no debe existir el secreto de ningún tipo, ni en ningún asunto ya sea de política interna o exterior. La existencia de los secretos de estado se fundamenta en la protección de los ciudadanos. Sin embargo, en la práctica, el secreto siempre implica esconder información para proteger a un sector o grupo de la sociedad en perjuicio de otro sector o grupo. Lo cual es una contradicción bajo la premisa de que el gobierno debe decidir por el bien de la mayoría sin privilegiar a ciertos grupos.
La premisa fundamental es que el gobierno y todas las entidades de la administración pública velan por el interés general de la sociedad, la nación, o el pueblo (el sustantivo depende del contexto filosófico que se use). Entonces toda la información manejada por esas entidades debe ser del dominio público, sobre todo los planes y la toma de decisiones ejecutivas deben ser difundidas en tiempo real. Sólo así los ciudadanos podrían pasar de ser sujetos pasivos a sujetos activos en un régimen democrático. La única información que debe ser protegida y clasificada es la información personal de todos los ciudadanos sean funcionarios públicos o no. Tanto el derecho a la identidad como el derecho a la privacidad debería estar consagrados como derechos fundamentales de los individuos y estos deberían estar protegidos contra cualquier entidad, así sea el gobierno.
Actualmente existe la tecnología para informar y mantener canales de comunicación directa entre el gobierno y el ciudadano. Aunque parece imposible en este momento colocar una cámara web conectada a Internet en cada una de las oficinas y salas de reuniones de los representantes del poder ejecutivo de todos los niveles, esta sería una herramienta básica para controlar a los representantes elegidos democráticamente y someterlos a la voluntad del pueblo. Esta debería ser una demanda de una sociedad participativa y activa. Así mismo, el conocimiento de las finanzas públicas debería ser un derecho ciudadano y una obligación para toda entidad administrativa pública. En un régimen que se precie de ser democrático cada ciudadano debería tener acceso a los estados de cuenta en tiempo real de todas la dependencias oficiales. El dinero que maneja el gobierno es el dinero de todos los ciudadanos, y deberíamos tener derecho a saber que está ocurriendo con nuestro dinero cada vez que nos plazca, como hacemos con nuestras cuentas de banco.
Ojala y algún político de vanguardia, pero de verdadera vanguardia, se le ocurra proponer algo por el estilo. Permitir que el ojo ciudadano siga de cerca las acciones y la toma de decisiones de nuestro representantes ayudaría en gran medida a que verdaderamente no se haga nada en contra del pueblo.
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